Por J.Frisas
Las Comunidades por definición, constituyen un ámbito privado y en consecuencia estas, están reguladas por ley. Tienen su propia Organización interna de funcionamiento y gestión.
Este modelo, aunque no exento de conflictos, hasta hace relativo poco tiempo, en base a sus características, se acostumbraban a resolver estos, atendiendo a la regulación de derechos y deberes, en consecuencia en última instancia era el juzgado quienes resolvían lo planteado.
Variados son los parámetros que han favorecido la creencia de algunos al respecto de que este modelo ha quedado obsoleto y son muchos los condicionantes actuales que hacen pensar que nuestra vida personal en una comunidad de vecinos es incompatible con la felicidad.
El avance social y económico conseguido en estos últimos años, (antes de la crisis), han favorecido la visión de, “no necesitar a nadie, esta es mi casa ….”, con lo que no hemos cuidado en absoluto las relaciones vecinales y ante cualquier asunto tributario de acuerdo, nos ponemos a defender nuestra posición intransigentemente y rara es la ocasión que dedicamos tiempo a escuchar los motivos del prójimo.
En este contexto, aparece un elemento nuevo: el fenómeno migratorio, que entre otras cosas en no pocos casos contribuye a situaciones de conflictos. Pero a diferencia de otras ocasiones, este fenómeno nos plantea dificultades añadidas: idioma, hábitos …, ante las cuales no sabemos como actuar entre otras cosas por miedo a que nos etiqueten como racistas. Y en el caso de habernos dirigido a la administración local, probablemente en poco nos han podido ayudar pues este fenómeno, también ha superado a estas, fruto de la necesidad de conciliar: ética y necesidades de regulación o control.
Ante esta realidad, bien esta que las administraciones poco a poco vayan estableciendo elementos de apoyo y tutela, pero si queremos conseguir una convivencia plena y con ello dirigirnos a una vida comunitaria libre de conflictos y en consecuencia feliz, deberemos dejar nuestra pasividad a un lado e implicarnos a elaborar un modelo activo de convivencia, donde el conjunto de vecinos elaboremos acuerdos para establecer unos protocolos de convivencia en los que participen todas las partes que interactúan en dicha comunidad.
Solo estableciendo unas buenas bases, los instrumentos que desde las administraciones se nos propongan serán verdaderamente útiles. Si esperamos que estas intervengan si más y nos resuelvan los conflictos, conduciremos nuestra comunidad y a las personas que intenten ayudarnos a la frustración.
Solo desde el cambio de mentalidad y actitudes conseguiremos dirigir nuestro ámbito comunitario hacia un espacio real de convivencia.
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